Por la gravedad de los delitos cometidos y el perfil de los responsables, de quienes se esperaba una conducta intachable como altos funcionarios de la Rama Judicial, la Corte Suprema de Justicia impuso este martes una condena ejemplar contra dos exmagistrados del Tribunal Superior de Cúcuta, responsables de defraudar a Ecopetrol.

Con ponencia de la magistrada Patricia Salazar, la Sala Penal condenó a 21 años al magistrado Fernando Castañeda Cantillo, y a 22 años de cárcel al magistrado Félix María Galvis. También fueron condenados a multas que superan los 24.000 millones de pesos.

El alto tribunal ordenó que Castañeda, quien se encuentra en casa por cárcel por supuestos problemas de salud, mantenga ese beneficio hasta que un juez de ejecución de penas se pronuncie sobre la prisión domiciliaria con base en un nuevo dictamen del Instituto de Medicina Legal.

En la condena –la más alta que se haya proferido contra un magistrado–, la Corte aseguró que Castañeda y Galvis son responsables de fallar tutelas de forma fraudulenta a favor de 580 contratistas de la petrolera estatal, a quienes les concedieron pensiones y otros beneficios laborales a los que no tenían derecho.

Aunque los magistrados aceptaron cargos en el proceso –concierto para delinquir, prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros–, la Corte consideró que por la gravedad del caso de corrupción se debía partir de la pena máxima (34 años) para hacer las rebajas.

La magistrada dijo que Castañeda y Galvis “defraudaron al Estado y defraudaron la confianza de la sociedad”, y advirtió que “esos hechos de corrupción afectan gravemente la imagen de la Rama Judicial ante la sociedad y afectan su credibilidad”.

Según la Corte, los exmagistrados “se apartaron de forma deliberada del ordenamiento jurídico para beneficiar a los tutelantes, quienes hacían parte de una entramada criminal”.

La investigación se inició en el 2015, luego de que la Corte Suprema de Justicia tuvo que tumbar por lo menos 18 fallos de tutela de los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Cúcuta al detectar que en esas decisiones estaban reconociendo derechos irregulares.

En ese momento, el alto tribunal compulsó copias en su contra para que Castañeda y Galvis fueran investigados.

Para esa época, el nombre de Castañeda ya era conocido en la opinión pública porque en el conjunto residencial en el que vivía amenazó a sus vecinos con un cuchillo, hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona residencial.

Castañeda, además, es sobrino de la polémica exviceprocuradora Martha Isabel Castañeda, mano derecha del exprocurador Alejandro Ordóñez durante los ocho años de su administración.

En la lectura del fallo, la magistrada Patricia Salazar dijo que los magistrados sabían que no podían dar los beneficios a los contratistas, como las pensiones, pues “no se cumplían los requisitos mínimos”, ya que los exempleados de Ecopetrol “no tenían la edad, tenían ingresos mensuales y no estaban en condición de vulnerabilidad”.

La Corte dijo que en el proceso se probó que entre los años 2010 y 2011, los exmagistrados “emitieron 20 fallos en los que concedieron las tutelas y ordenaron pagos adicionales, lo que ocasionó un detrimento patrimonial a Ecopetrol en cerca de 109.000 millones de pesos”.

Los exmagistrados, según el proceso, hacían parte de una red que incluyó abogados a quienes terceros les dieron “poderes para buscar pensiones”.

Del cartel también hicieron parte dos jueces laborales en cuyos despachos se acumularon las tutelas y que posteriomente accedieron a las pretensiones de los demandantes.

Una prueba de que los exfuncionarios de Ecopetrol no tenían derecho a los beneficios, dice la Corte, es que presentaron las tutelas hasta siete años después de salir de la petrolera, pidiendo el reintegro de sus trabajos y las supuestas indemnizaciones. “El tiempo permite ver que en realidad no había una urgencia”, aseguró el alto tribunal.

Incluso, los magistrados terminaron pensionando a personas que jamás trabajaron de forma directa con Ecopetrol.

Ante la decisión, tres magistrados de la Sala Penal salvaron su voto porque, aunque desde hace más de un mes entró en vigencia la ley de doble instancia, los dos condenados no podrán tener ese derecho. Esto se da porque, por ahora, todas las condenas de la Sala Penal son de única instancia, pues las dos nuevas salas que crea la nueva ley –para poder impugnar las primeras condenas– no están operando.

El abogado del exmagistrado Castañeda, Pedro Escorcia, aseguró que a los dos exfuncionarios judiciales se les está cercenando el derecho a la doble instancia, por lo que la defensa evalúa la posibilidad de presentar algún recurso contra esta decisión.