No solo el Clan del Golfo: las operaciones contra las disidencias de las Farc también se habrían frenado durante el Gobierno Petro

Un documento conocido por Noticias RCN revela que se habría ordenado suspender operaciones militares contra la Segunda Marquetalia entre 2024 y 2025, en medio de la negociación de paz total. El escrito incluso solicitaba seguridad para los cabecillas de esa estructura.

La controversia por presuntos acercamientos entre funcionarios del Gobierno Petro y estructuras criminales suma un nuevo capítulo. Según un documento al que tuvo acceso Noticias RCN, las directrices reservadas de la llamada "paz total" no solo habrían afectado las operaciones contra el Clan del Golfo, sino también contra la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc liderada por Iván Márquez.

El documento, firmado por el entonces comisionado de paz, Otty Patiño, habría ordenado entre 2024 y 2025 la suspensión de acciones militares contra esa estructura. En el texto se le solicita al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, "respetuosamente que por su conducto se ordene la suspensión de operaciones militares de inteligencia, aviación, no tripulada y policiales".

Versiones encontradas​

La revelación se conoce después de que el exdirector de la Policía, Henry Sanabria, denunciara que altos funcionarios del Gobierno habían dado la orden de frenar las operaciones contra el Clan del Golfo, la estructura criminal más grande del país.

Ante esa denuncia, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X que "jamás se han detenido operaciones militares" y que, a la fecha, "no existe un cese con ninguna organización" desde hace tres años y medio.

Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación ya inició una indagación preliminar contra cuatro exfuncionarios para determinar si excedieron sus funciones o actuaron en contravía de la ley:

• Iván Velásquez Gómez, exministro de Defensa.
• Iván Danilo Rueda Rodríguez, excomisionado de paz.
• Jorge Lemus, exdirector nacional de inteligencia.
• Ricardo Rey Rosanía, exsubdirector nacional de inteligencia.

Habrían solicitado protección para los cabecillas de las disidencias​

Uno de los puntos más cuestionados del documento es que, además de pedir la suspensión de operaciones, los firmantes habrían solicitado garantías de seguridad para los cabecillas de la Segunda Marquetalia. El texto pide al entonces ministro de Defensa "que sea autorizada la prestación de seguridad por parte de la unidad policial para la edificación de la paz (UNIPEP), en los aeropuertos de Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo) y en la Central Aerospace en Bogotá, con el fin de garantizar la protección de estas personas".

Este documento respaldaría la versión revelada por Sanabria y otras fuentes, y pondría en entredicho la respuesta oficial del Gobierno sobre el supuesto cese de operaciones.

Reacciones políticas​

La controversia ya llegó al ámbito político de cara al cambio de gobierno. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, le solicitó a su coordinador de empalme adelantar las actuaciones jurídicas e institucionales necesarias para esclarecer lo ocurrido con estas directrices y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa ni la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se han pronunciado de manera oficial sobre el contenido específico del documento revelado por Noticias RCN.